Asuntos Públicos

Por Raymundo Guzmán Corroviñas. **Doctor en Derecho Parlamentario y Maestro en Derecho Electoral

.- La marcha en defensa del INE y la reforma electoral de AMLO

Antes de iniciar esta columna, me gustaría hacer un llamado a nuestros amables lectores a analizar con tono de grises las distintas posturas que comentaremos. Considero relevante el llamado a la mesura y tolerancia de las distintas posturas, para rescatar los mejores puntos de vista y contar mejores herramientas para valorar los distintos criterios.

Dicho lo anterior, reconozco la organización ciudadana llevada a cabo por la defensa del INE, con independencia de que se pueda coincidir o no con las posturas sostenidas, es muy relevante el valor de la ciudadanía, la defensa de causas y que se tomen las calles para hacer política. Me interesa recalcar que la fuerza demostrada por la ciudadanía dejó muy pequeños a los partidos políticos que acudieron a la marcha, quienes se sumaron, pero no encabezaron.

Me llamó la atención escuchar muchas voces debatiendo a favor o en contra de la iniciativa de reforma electoral de AMLO, partiendo de premisas erróneas e incluso de puntos de vista que no contempla la propuesta. Por lo que me parece relevante realizar un extracto de los puntos relevantes y adicionar algunos breves comentarios de cada punto.

La iniciativa de reforma electoral prevee:

1º Eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y otorgar únicamente  financiamiento de campaña.

Al respecto puntualizo que los partidos políticos cuentan con dos tipos de financiamiento público: el ordinario y el de campaña. Adicional al recurso federal, los c políticos reciben cientos de millones de pesos de presupuesto local, es decir, el que le otorga cada uno de los Estados.

La disminución del financiamiento público a los partidos políticos es una clara demanda ciudadana, difícilmente encontraremos una opinión mayoritaria en favor de que los partidos reciban igual o mayor cantidad de dinero del que actualmente se les otorga.

Considero que podría explorarse la posibilidad de eliminar el presupuesto de campaña y generar reglas claras de financiamiento privado, regulando y supervisando que el origen y aplicación de los recursos sea de entes permitidos por la ley, sancionando el uso de recursos de origen ilícito, de empresas o personas morales, del extranjero, de gobiernos o sindicatos.

La iniciativa no contempla el cambio de reglas en el financiamiento de campaña, pero si contempla la eliminación del recurso ordinario.

2º Reducir a 30 minutos diarios la propaganda política en radio y televisión.

La saturación de los espacios de radio y televisión en los tiempos de campaña, genera hartazgo y molestia en la ciudadanía, por ello me parece una propuesta muy razonable y viable.

3º Disminuir el porcentaje de participación ciudadana en una consulta popular para que sea vinculante del 40% al 33%.

El umbral de votación para que sea obligatorio el resultado de una consulta popular es prácticamente inalcanzable, para lograrlo se requeriría de la operación abierta de todos los partidos políticos, por lo que se desnaturalizaría el ejercicio ciudadano. Es por ello que la reducción del umbral generaría que el resultado de la votación en las consultas populares fuera alcanzable y, por ende, vinculante.

4º Reducción del número de integrantes del Poder Legislativo:

El Senado se integra en la actualizad por 128 miembros, se plantea reducirlo a 96 integrantes. 2 Senadores por Estado (de la mayoría) y 1 de la primera minoría.

La Cámara de Diputadas y Diputados Federal se integra por 500 (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional). La iniciativa plantea la eliminación de 200 diputaciones para quedar en 300.

A diferencia de la comunicación inicial de la propuesta por parte del gobierno federal, no se plantea la eliminación de los legisladores de representación proporcional -plurinominales-, por el contrario, la propuesta busca eliminar 32 Senadores y 200 diputados, pero se eliminarían los legisladores de mayoría relativa, es decir, TODOS serían de representación proporcional, postulados por medio de listas de candidatos por partido.

La eliminación de diputados de mayoría relativa haría difícil que el elector identifique a sus ya de por si lejanos legisladores, salvo muy honrosas excepciones.

5º Modificación del Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirlo en el Instituto Electoral y de Consulta (INEC),se mantendría la autonomía del órgano electoral.

Los Consejeros del INEC ya no serían 11 sino 7, cuya elección sería mediante el voto popular de las propuestas que envíen los tres Poderes de la Unión.

Actualmente los Consejeros se eligen mediante proceso abierto, con la dictaminación del Comité Técnico conformado por 7 integrantes propuestos por: 3 por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (actualmente la preside el PRI), 2 del INAI y 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Comité Técnico selecciona a 5 candidatos por puesto a designar y envía la lista a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lo acuerdan y envían al pleno. Para la aprobación de los nombramientos se requiere de las dos terceras partes de los miembros presentes, es decir, ningún grupo parlamentario o coalición podría lograr los nombramientos sin el acuerdo con las voces disidentes.

De no realizarse la reforma electoral en 2023 se renovarían 4 Consejerías del INE, sumadas a las 4 que se renovaron en 2020. Por lo que la mayoría legislativa de Morena, PT y PVEM no sería suficiente para nombrar Consejeros sin que el PAN o el PRI estuvieran de acuerdo (por el número de legisladores que integran dichas bancadas).

6º Desaparición de los OPLES (Institutos Electorales de los Estados), de la estructura administrativa local del INE y de los Tribunales Electorales Locales.

Con la reforma electoral 2014 se debilitó a los Institutos Electorales Locales, para convertirlos en órganos políticos locales electorales, en aquel entonces se modificó la forma de designar a los integrantes de los Consejos Generales de los OPLES y a las Magistraturas de los Tribunales Electorales Locales, quitándoles la atribución a los Congresos de los Estados.

7º Implementación del voto electrónico.

Actualmente el INE desarrolla un programa piloto para la implementación del voto electrónico, con la reforma se tendrían que destinar recursos para poder instrumentarla, como ya sucede en Brasil o Estados Unidos de América.

8º Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por Elección Popular, previa propuesta de los tres poderes.

Actualmente el proceso de designación de Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realiza mediante convocatario pública; de entre los aspirantes la Suprema Corte elige propuestas para enviarlas al Senado. La Cámara Alta designa Magistrados por votación de dos terceras partes de los miembros presentes, es decir, necesariamente se requiere de amplios consensos al no alcanzar ese número ningún partido o bloque legislativo.

En 2023 se renovarán 2 Magistraturas de 7 de la Sala Superior del TEPJF.

9º Reducir el número de integrantes de los Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías:

Los Congresos Locales para entidades con menos de un millón de habitantes: 15 diputaciones.

Se adicionará un diputado por cada 500 mil habitantes, para un máximo de 45 diputados.

Ayuntamientos disminuirían el número de Síndicos y regidores. Para el caso de las Alcaldías de la Ciudada de México se disminuirían Consejales.

Con ello se busca reducir el número de puestos de elección popular y homologar los criterios de representación popular a nivel nacional.

Pareciera que la polarización evita que podamos ver con claridad los distintos puntos de vista y lograr que como una ciudadanía madura, podamos discutir más allá de los intereses de los partidos políticos, el modelo de sistema democrático que queremos. 

La tolerancia y la apertura a las ideas de los demás, será la mejor medicina para evitar que nuestra sociedad se continúe dividiendo.

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